• El Juzgado de Instrucción nº5 de León considera que hay indicios de un presunto delito de prevaricación en la ampliación del contrato de gestión del servicio para la explotación de agua potable en el año 2010.
• El auto judicial dispone que se continúe la tramitación para la apertura de juicio oral contra la ex alcaldesa socialista, María Eugenia Gancedo y la concejala de Urbanismo de su equipo de gobierno en la anterior legislatura socialista.
• Fue Izquierda Unida quien llevó ante la Fiscalía la ampliación de este contrato, por considerar que, además de ser muy lesivo para la ciudadanía, contenía irregularidades que presuntamente podían constituir algún tipo de delito.

La portavoz de Izquierda Unida, Laura Fernández, ante el auto judicial del Juzgado de Instrucción nº5 de León, que dispone se continúe la tramitación para la apertura de juicio oral contra la ex alcaldesa socialista María Eugenia Gancedo y su concejala de Urbanismo en la anterior legislatura socialista, por la modificación del contrato de la gestión del agua aprobada en el año 2010, ha declarado que “en Izquierda Unida valoramos muy positivamente que por fin se pueda llegar al juicio oral, aunque hayan pasado años. Esperamos que el juicio se celebre lo antes posible por el bien de la ciudadanía de San Andrés del Rabanedo”.

La portavoz recuerda que “aunque Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo carecía de representación en el Ayuntamiento en el año 2010, se tomó la decisión de llevar el acuerdo de modificación del contrato de la gestión del agua ante la Fiscalía. Nos parecía que existían unos hechos que presuntamente podían ser constitutivos de delito. Finalmente existe un auto que dispone la apertura de juicio oral contra la ex alcaldesa María Eugenia Gancedo y su concejala de Urbanismo ante los indicios de presunto delito de prevaricación”.

La modificación del contrato del agua se aprobó con el informe en contra tanto del interventor titular como de la interventora accidental y apartando al técnico que estaba dispuesto a informar también en contra de dicha modificación, por considerar el nuevo contrato ilegal y nulo de pleno derecho. Dicha modificación, hecha a petición expresa de la propia empresa privada, por entonces CENTARIA (ahora AQUONA), supuso la ampliación de la privatización en 15 años más, hasta el 2046, y la subida del agua a 1,19 euros por metro cúbico.

Esta ampliación del contrato del agua, que para IU presenta claros indicios de ilegalidad y nulidad, ha conllevado una subida de la tasa del agua del 75% en el Pleno de diciembre del 2016. Laura Fernández recuerda que “el único grupo político que votó en contra de dicha subida fue Izquierda Unida, porque es una subida que pagan las vecinas y vecinos del municipio a raíz de una presunta prevaricación de la ex alcaldesa socialista, María Eugenia Gancedo, apoyada por su concejala de Urbanismo en aquel momento».

La firma de esta modificación del contrato del agua supuso un endeudamiento de un millón de euros anuales para el Ayuntamiento, llegando a acumularse hasta seis millones de deuda con la empresa concesionaria, que finalmente hemos tenido que pagar todos los vecinos y vecinas del municipio, asumiendo además una subida desproporcionada del agua desde diciembre del 2016.

“En Izquierda Unida confiamos en que el fallo definitivo ratifique las conclusiones del Juzgado nº5 de León,  demostrando judicialmente que efectivamente se cometió prevaricación. De esta forma entendemos que se haría justicia. Sin embargo, el daño causado a la ciudadanía de nuestro municipio ahí queda y ¿quién lo resarcirá?».

Desde Izquierda Unida seguiremos luchando por sacar a la luz pública, y llevar ante los tribunales si es necesario, todos aquellos casos que entrañen consecuencias tan nocivas y flagrantes como las derivadas de este contrato, o que demuestren una deplorable gestión pública. La ciudadanía debe reaccionar ante el abuso de poder y el expolio constante y sostenido de lo público.