IU de San Andrés considera que es un insulto la decisión de la Junta de Castilla y León reducir el servicio público de transporte hasta unos niveles que dejan al municipio incomunicado por transporte público los sábados y domingos y muy mermado el resto de la semana, llegando a suprimir el 70% de las frecuencias en algunas líneas.
Es más insultante cuando alegan que es debido al bajo índice de usuarios y usuarias. Estas medidas están pensadas exactamente para que cada vez haya menos usuarios, ya que si los vecinos y vecinas no pueden utilizar de forma confiable el autobús y tienen que tener coche para poder desplazarse unos días, acaban utilizándolo siempre. Cuanto más difícil e inaccesible hacen el transporte público, lógicamente menos se utiliza, ya que las personas tienen que buscar otras soluciones.
Potenciar el uso del transporte público implica decisiones políticas que favorezcan una movilidad sostenible, reduciendo el peso del vehículo privado como medio de transporte. Estas políticas suponen tres pilares fundamentales e inseparables: racionalización y restricción del uso del vehículo privado (alternativas basadas en la ecomovilidad), potenciación del transporte público (reorganizando el espacio público y priorizándolo para el transporte público) y planificación territorial adecuada. Además, se olvidan los políticos de la Junta de Castilla y León que el transporte público supone un ahorro económico y ecológico a la nación.
Este tipo de políticas lo que está consiguiendo es acabar con todos los servicios públicos, alegando que es para reducir gasto y salir de la crisis. No sólo no saben cómo mejorar la economía y salir de la crisis, lo peor es que la están utilizando para desmontar todos los servicios públicos. Corte a corte, reducción a reducción quieren acabar con todo, y ahora toca al transporte público.
La Junta de Castilla y León paga con nuestros impuestos campañas publicitarias, folletos y anuncios para promocionar el ahorro energético con lemas como “utiliza el transporte público todo lo que puedas (autobús, tren, metro o cercanías). Un autobús, por ejemplo, consume 15 veces menos energía por viajero que un coche particular.” Y a continuación reduce los servicios de autobuses hasta llegar a suprimir algunas líneas completamente. Es una política esquizofrénica. Porque una parte nuestra deuda se basa en la importación de crudos de petróleo, cuyo alza y encarecimiento del precio supone cuantiosos gastos, además de los conflictos bélicos en los que hemos participado y por la otra reduce el servicio público de transporte, que es una de las medidas más eficaces para el ahorro de petróleo.
A principios de 2011 se planteó un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética a nivel nacional, una de cuyas medidas era reducir el 5% de las importaciones de petróleo, siendo una de las medidas clave la utilización del transporte público. También la Junta, en diciembre de 2011, convoca subvenciones para el ahorro y eficiencia energética en el sector Transportes de Castilla y León, uno de cuyos puntos es “h) la realización de inversiones en sistemas para una mayor participación de los medios de transporte público y/o colectivo”. Incluso hablan de planes de Movilidad Urbana sostenible, dado que la dependencia energética de nuestro país es una de las más altas de Europa pues importamos casi 600 millones de barriles de petróleo, por lo que cada aumento de 10€ en el precio el barril, supone un coste para España cercano a los 6.000M€, prácticamente el I+D realizado por todas las Administraciones Públicas el último año.
Todas estas apelaciones a la responsabilidad de la sociedad, es cuando menos hipócrita, cuando después quitan los medios para que la ciudadanía pueda llevar a cabo estas medidas. Su obligación y responsabilidad es hacer políticas para potenciar el uso del transporte público por los beneficios ecológicos, económicos y de servicio que supone, no esta política que está más pensada para reducir y recortar los servicios colectivos o para potenciar la venta y uso del automóvil privado y una cultura individualista fundamentada en el uso particular de vehículos alimentados con combustibles fósiles, que son uno de los principales causantes de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
Por todo ello, Izquierda Unida de San Andrés considera que es responsabilidad de la Junta de Castilla y León potenciar y articular una política de maximizar el uso del transporte público y reducción del transporte privado como política de ahorro económico y racionalización de recursos, especialmente en tiempos de crisis.