• La empresa Mémora lleva 14 años cobrando 600.000 euros anuales como canon de gestión alegando que es para la realización de la gestión del servicio. Ella es por lo tanto la responsable de las facturaciones que han supuesto precios discriminatorios entre lo que se cobraba de menos a las empresas aseguradoras y a los usuarios de más, por lo que ha condenado a pagar esta multa el Tribunal para la Defensa de la Competencia de CyL.
• Por lo que Izquierda Unida exige que no sea SERFUNLE, donde está la parte pública, la que pague esta multa a costa del dinero público. Sino que es Mémora la responsable de esta mala gestión.
• Es más, Izquierda Unida pide que se le exija responsabilidades a esta empresa privada por la mala imagen que está dando de este servicio público con su gestión y los continuos problemas que acaban en diferentes organismos y tribunales

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León de la Consejería de Economía y Hacienda de CyL ha condenado a pagar una multa de 60.107,70 euros a Serfunle por precios discriminatorios y no equitativos que se imponían en función de si quien utilizaba los servicios era un particular o una empresa aseguradora.

No es de recibo que, además de lo caro que son los servicios funerarios en Serfunle, a pesar de que tenga millones de superávit, “incremente este agravio con una facturación distinta en función de si el cliente es una entidad aseguradora o un particular”, según establece la sentencia.

En vez de destinar el dinero de esta entidad, conformada por los municipios para prestar un servicio público, a rebajar los costos de algo que es un servicio básico y necesario, puesto que todo el mundo lo utilizará tarde o temprano, se dedican ingentes cantidades de dinero a pagar un polémico y denunciado “canon de gestión” a una empresa privada que, encima, hace una nefasta gestión que es condenada incluso por los tribunales de la competencia.

Por eso Izquierda Unida pide que se recupere la gestión pública de este servicio y se expulse a estas compañías privadas que únicamente buscan el beneficio de sus accionistas y no el bien común de la ciudadanía de los municipios que han conformado esta mancomunidad. Esto es una responsabilidad de los representantes públicos que conforman la Asamblea de esta mancomunidad, por el que se les debería pedir responsabilidades, puesto que ha sido por voluntad política de ellos el que se haya privatizado este servicio y ahora tengamos estas consecuencias de multas, mala imagen, precios injustos, cánones polémicos, etc., que dan una visión catastrófica de un servicio que debería ser modélico.

Y, por supuesto, Izquierda Unida exige que se cumpla la sentencia en toda su extensión, sin demora, poniendo en la web de SERFUNLE la resolución condenatoria “durante al menos un periodo de tres meses”, dado que a día de hoy todavía no estaba. Porque se le exige que lo ponga tanto en el tablón de anuncios del tanatorio como en la web de Serfunle.