La candidata de Izquierda Unida de San Andrés hace un exigente decálogo de compromiso anticorrupción por l a regeneración democrática

Eloina Terrón, candidata de IU a la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo se compromete delante de sus electores y electoras a una política de transparencia, honradez y regeneración democrática en San Andrés mediante la firma del documento denominado “Compromiso Ético por la Regeneración Democrática”.

Izquierda Unida de San Andrés entiende que el goteo de irregularidades y la acumulación de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la afirmación injusta de que “todos son iguales”. La mayoría de los políticos españoles son honrados. Los 8.115 Ayuntamientos de España están formados por más de 65.000 concejales electos, de los que el 80% no recibe ingresos. Pero en la última década, los casos de corrupción se han multiplicado en muchos ayuntamientos.

Por ello y ante las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, la candidata de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo asume los siguientes compromisos:

1- Exigir al Gobierno la regulación por ley de la cuantía de los salarios de los cargos públicos locales. Planteará que los mismos se fijen con criterios de transparencia y austeridad y que se hagan públicos de una manera eficaz y accesible.

2.- Proponer la creación de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística y proceso de contratación de obras o servicios públicos, de todo aquél que participe en el mismo, sean alcaldes, concejales, o funcionarios.

3- Impulsar un acuerdo de prohibición para percibir obsequios o invitaciones personales a los cargos públicos o funcionarios municipales. Se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones Institucionales.

4.-Establecer un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los altos cargos de Gobiernos Municipales, en relación con responsabilidades o actividades empresariales o profesionales vinculadas al sector de los servicios, la construcción y el urbanismo.

5.- Crear el Estatuto del Representante Local, en el que se regulen sus derechos y deberes. En particular, se garantizará que los concejales que se encuentren en la oposición puedan ejercer sus funciones de fiscalización y control de los contratos y adjudicaciones municipales formando parte de los órganos de contratación y facilitándoles toda la documentación e información administrativa.

6.- Regular el Registro de Intereses de los responsables públicos a través de una Oficina que será la encargada de la vigilancia y supervisión del estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales. Se propondrá la obligación de hacer público el contenido de esta Declaración a través de los medios municipales existentes (páginas web, información municipal…)

7.-Denunciar ante la Fiscalía y colaborar con la Justicia aportando cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos.

8.-Asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística,

9.-Impulsar mecanismos de publicidad, control y participación democrática para garantizar la transparencia y la ética en las instituciones, poniendo en marcha mecanismos estables de participación que permitan la intervención y el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que se adopten en materia urbanística y de contratación.

10.- Se harán públicos los procesos de contratación a través de los mecanismos: publicaciones, páginas Web… En esta misma línea solo se delegarán competencias de Pleno en las Juntas de gobierno con carácter excepcional, para garantizar la participación de la oposición en la toma de decisiones y la participación de los ciudadanos.