El 3 de septiembre de 2010, en el Pleno del Ayuntamiento, el Gobierno del PSOE de San Andrés, en solitario, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición y con la manifestación en contra de las asociaciones que allí estaban así como de Izquierda Unida de San Andrés, ha ampliado la privatización del agua de este Municipio hasta el año 2046, a espaldas de la ciudadanía. De hecho la convocatoria de Pleno se realizó tres días antes, de forma urgente y extraordinaria, mediante escrito distribuido únicamente a los grupos municipales por la Policía Local a las 23:00 horas. Es, por lo tanto, una decisión unilateral que se ha ocultado deliberadamente a la ciudadanía, porque es una medida impopular. Porque conlleva hipotecar aún más los recursos naturales y públicos de nuestro municipio, pues esta reprivatización implica que la duración del contrato, que finaliza actualmente el 26 de noviembre de 2031, se extiende ahora 15 años más.
El gobierno del PSOE en San Andrés ha querido hurtar así este debate a la ciudadanía, porque esto supondría mostrar claramente que incumple sus promesas electorales. Recordemos que el gobierno de coalición entre el Partido Popular y dos concejales de la UPL, en San Andrés, aprobaron la primera privatización del agua en noviembre de 1996. Izquierda Unida se opuso rotundamente y luchó decididamente en contra de esta privatización que, como todas, supone anteponer los beneficios de la empresa privada adjudicataria, que busca su interés, frente a una gestión pública que sólo tiene como finalidad el servicio a toda la ciudadanía. El PSOE también se manifestó en contra y Miguel Martínez prometió que en cuanto accediera a la alcaldía remunicipalizaría el servicio. Lo cual fue su primer incumplimiento flagrante. Pues al poco tiempo, a mitad de esa misma legislatura, consiguió la mayoría, pactando con los mismos dos tránsfugas de la UPL que habían dado la mayoría al PP y que habían votado la privatización, olvidándose por completo de su promesa y de las movilizaciones que había protagonizado.
Es sorprendente y vergonzante que este mismo partido, que se declara socialista, sea el que actualmente acepta la propuesta de una empresa para reprivatizar el agua pública, en vez de defender los bienes públicos al servicio de todos y todas, especialmente de aquellos sectores más desfavorecidos, a quienes más va a afectar la subida de tasas que se producirá, sin duda, nada más que pasen las elecciones, para que esta empresa obtenga los beneficios económicos que persigue. Una empresa que tiene en sus manos prácticamente todo el agua de España (el llamado “oro azul” y que los expertos afirman que será el motivo de las guerras del siglo XXI). Una empresa que sólo se preocupa por su beneficio: ni siquiera ha mejorado la red y la mitad sigue siendo de fibrocemento, un material ya prohibido por la legislación.
Izquierda Unida se opone radicalmente a esta reprivatización por tres razones. La primera y fundamental es que supone traspasar un bien público esencial, como es el agua, a manos privadas “de por vida”; al menos, durante la de buena parte de la población que vive actualmente en el municipio. Hipoteca así nuestro futuro y el de futuras generaciones, sin haber consultado a los interesados en ningún momento.
La segunda razón es porque, efectivamente, no se ha llevado a cabo una consulta pública, abierta a la ciudadanía, que pueda pronunciarse sobre algo que les pertenece y que afecta tanto al futuro de los sanandresanos. Es necesario recordar que somos, en definitiva, los auténticos propietarios de este bien de nuestro municipio.
La tercera razón es por la presunta ilegalidad o al menos irregularidad de esta decisión, como han denunciado los portavoces de los grupos de la oposición y el propio informe del interventor del Ayuntamiento que expone que la solicitud de la empresa “adolece de incumplimiento de los principios básicos de contratación”, y que “adolecería de nulidad”, lo cual suscita muchas dudas sobre su legitimidad legal.
Izquierda Unida defiende lo público, que es de todos y al servicio de todos, controlando y fiscalizando la gestión pública por todos, a través de nuestros representantes, y no revendiendo nuestros bienes esenciales para paliar la mala gestión actual de un equipo de gobierno que, con mayoría absoluta, malgasta en imagen y embelleciendo de parques y jardines, que ya eran dignos, los recursos que tiene, con una finalidad más electoralista que de servicio a la ciudadanía. Lo mismo que esta medida, también con tintes electoralistas, pues supone hipotecar al Ayuntamiento por 50 años, para adelantar el cobro de más de 300 millones de las antiguas pesetas, tratando de parchear la mala gestión y el derroche de este equipo de gobierno hasta las próximas elecciones municipales. Como la propia alcaldesa reconocía en el pleno municipal de hoy: “se trata de un ejercicio de supervivencia”.
Creemos y defendemos que otra gestión municipal es posible. Y que es posible también remunicipalizar el servicio del agua, como Izquierda Unida viene reclamando desde el año 96, así como de otros servicios que se han privatizado en nuestro Ayuntamiento. Además esto podría hacerse, en este caso, sin costes añadidos para las arcas municipales, denunciando el incumplimiento de contrato por parte de la empresa, que ni ha mejorado la gestión ni ha resuelto los problemas técnicos a que se había comprometido.
Desde Izquierda Unida hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas de San Andrés para que manifiesten públicamente su oposición y disconformidad a esta política de privatizaciones y reprivatizaciones de los bienes comunes de la ciudadanía y que nos tememos que continuará con la actual gestión que lleva a cabo este Equipo de Gobierno. No podemos permitir esta permanente “huida hacia delante”, esta política de “tierra quemada” que dejará devastado este municipio de recursos y bienes para nuestros hijos, hijas, nietos, nietas por generaciones.