Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo denuncia que el BOE instaura el caciquismo de nuevo en nuestros Ayuntamientos, eliminando la participación ciudadana a través de los representantes de los grupos políticos de la oposición, en decisiones vitales para el municipio que afectan a todos los ámbitos: empleo, impuestos, servicios, etc.

El Gobierno del PP ha aprovechado el decreto sobre supervisión y solvencia de entidades financieras, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que los alcaldes puedan aceptar las condiciones de Hacienda en los Planes de Ajuste, incluso cuando el Pleno del Ayuntamiento haya rechazado hacerlo. Es decir, que aunque la mayoría vote en contra, el alcalde y la Junta de Gobierno podrán aprobar las condiciones del plan de ajuste y las medidas incluidas en el mismo. En San Andrés del Rabanedo, un equipo de gobierno que no tiene la mayoría podrá tomar decisiones cruciales sobre despidos, impuestos o recorte de servicios a partir de ahora sin ninguna cortapisa.

No es la única medida contra la democracia y autonomía municipal que han aprobado. Porque los municipios acogidos al Pago a Proveedores, tendrán que aplicar un Plan de Ajuste que conlleva reducir gastos de funcionamiento, financiar íntegramente el coste de los servicios públicos con tasas y no aprobar medidas que supongan un descenso de la recaudación. Es decir, recortar el empleo público despidiendo a los trabajadores que prestan los servicios a los vecinos y vecinas, subir las tasas y precios de los servicios que queden tras eliminar aquellos que no se mantengan con repagos de la ciudadanía y subir los impuestos en el Ayuntamiento, a pesar de todas las promesas electorales del PP.

Pero es que además, es una nueva forma de salvar a los bancos y fondos de inversión a través del pago de intereses. Porque no reducirán realmente la deuda con este Real Decreto, sino que la aumentarán. Puesto que los vecinos y vecinas de San Andrés del Rabanedo tendremos que pagar nuevos intereses a los bancos, a través de los cuales el Gobierno presta el dinero para el pago a proveedores.

No tenemos más que comprobar que esta medida se ha publicado dentro del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. Este marco legislativo en el que se encuadra esta medida nos indica qué es lo que el gobierno del PP busca y a quién está protegiendo, a las entidades bancarias y los intereses financieros, y qué se pretende conseguir a cambio: adelgazar la administración pública a través de despidos de los trabajadores que prestan los servicios públicos, recortar los servicios municipales que se dan a los ciudadanos y ciudadanas y subir las tasas obligándonos a repagar por unos servicios cuya financiación ya destinaron a rescatar a los mismos bancos. Es decir, la filosofía del PP de siempre: más mercado, menos Estado.