Referéndum sobre la reforma de la constitución

El proyecto de nuevo artículo 135 de la Constitución Española que tanto PSOE como PP han aprobado en el Congreso de los Diputados, no sólo habla «estabilidad presupuestaria» y de «limitar el déficit público» en el marco constitucional. Los líderes de ambos partidos no han explicado la letra pequeña de este proyecto. El nuevo artículo 135 indica que «los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones estarán incluidos en los presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta». Esta prioridad, ¿está por encima del pago de pensiones?, ¿del pago del desempleo?, ¿del pago de los salarios de los empleados públicos?, ¿del pago de bienes o servicios prestados por proveedores a las administraciones públicas?, del gasto en sanidad y en educación?... Con esta nueva Constitución la prioridad será el ajuste presupuestario y la deuda, no el empleo ni la política social. Irán antes los mercados que la ciudadanía.

No se trata de que «no podamos gastar tanto» o que «no podemos gastarnos lo que no podemos pagar». ¿Alguien nos pidió opinión para gastar millones de euros en cheques—bebé, independientemente de las necesidades y la renta de quién lo recibía? ¿Nos piden opinión, quizá, cuando aún destinan millones de euros a mantener operaciones militares en Afganistán o Libia? ¿Nos preguntaron cuando anularon el impuesto de patrimonio o rebajaron el de sociedades? ¿Cuando se quitó el impuesta sobre los artículos de lujo que gravaba estos productos al 28%? ¿Quién gastó? ¿Para qué se gastó? Durante estos años el déficit público ha ido en aumento, debido a las concesiones que tanto PSOE como PP han ido haciendo a la Banca y a las grandes corporaciones y a las rentas más altas, como la inyección de dinero público a la Banca, el no gravar las SICAV, la privatización de empresas públicas rentables, el no perseguir el fraude fiscal, etc. Y a una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en el 2010 las rentas del trabajo pagamos cuatro veces más impuestos que los beneficios del capital).

Parece pues que se quiere constitucionalizar que, una vez que se ha desvanecido la burbuja inmobiliaria, los platos rotos los van a pagar los trabajadores y trabajadoras, los parados y las paradas, los y las autónomas y pequeñas empresas. Cuando viene la época de las vacas flacas se afirma que todos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades y que es responsabilidad de todos el déficit acumulado. Sin embargo a los sectores financieros y bancarios hay que rescatarlos con inyecciones de los impuestos colectivos. Para los demás, ajuste presupuestario y apretarse el cinturón, cuando ya no nos queda ni pantalones. Así lo mandan los mercados, que son insaciables y que nada les parece suficiente para engordar su cuenta de dividendos y beneficios. Es así como los mercados exigen más sacrificios en el altar del capitalismo: constitucionalizar que será prioritario y habrá que anteponer el reducir el déficit a los gastos sociales y las políticas de empleo. Este es el mandato de los mercados y los gobiernos conservadores de Alemania y Francia les rinden la obediencia debida y exigen a Zapatero que institucionalice en la Constitución esta política de recortes sociales, que conlleva mermar el dinero que el Estado invierte en lo público, es decir, en los derechos sociales como sanidad, educación o pensiones, dedicándolo primero a paliar el déficit.

Pero no olvidemos que esta reforma no sólo tiene repercusión en las cuentas del Estado, sino también en los de las comunidades autónomas y por ende en los ayuntamientos. Son muchas las competencias que los Ayuntamientos tienen, más las que a veces ofrecen complementando o sustituyendo a otras administraciones, y la gran mayoría de ellas se encuentran relacionadas con cuestiones que afectan al bienestar de la ciudadanía y al día a día de las localidades del municipio. Si ahora recortamos las posibilidades de mantener las inversiones municipales, sobre todo ahora en tiempos de crisis, cuando son más necesarias que nunca, los equipamientos públicos o la actuación de los servicios sociales quedarán en una situación muy comprometida.

¿Quién hará frente a los servicios que hoy prestan a los ciudadanos los ayuntamientos ante la falta de agilidad o compromiso de las Comunidades Autónomas? Es decir a las políticas de atención a la dependencia, apoyo al empleo, al desarrollo local,… ¿Quién sostendrá el importante volumen de empleo que suponen estas políticas? Estas medidas, elevadas a rango constitucional, van a afectar al Estado del Bienestar que ahora a duras penas mantenemos. De esta forma, este proyecto prioriza el ajuste a través de la Constitución frente a las políticas sociales, lo cual afecta profundamente a los Ayuntamientos.

Y lo más grave es que se quiere hacer de espaldas a la ciudadanía. ¿Ante un cambio tan profundo en nuestra Constitución, por qué no preguntar a los ciudadanos y ciudadanas? Esta es la verdadera democracia. Ni el PSOE ni el PP llevaban esto es su programa electoral de 2008. Entonces no están legitimados —moralmente— para hacer estos cambios. Es más, en esta decisión sobre todo, porque supone una pérdida de soberanía nacional, porque es un ‘golpe de mercado’ contra la autonomía de la política y contra el Estado de bienestar, dado que la consolidación del déficit cero en la Constitución supondrá consolidar políticas de ajustes y recorte de derechos sociales ante cualquier crisis. Y porque es necesario un referéndum puesto que esta reforma afecta al Título Preliminar, que define a España como Estado social.

Esta crisis está desvelando con claridad el papel instrumentalizado y subordinado de estos partidos políticos: PSOE y PP. El poder económico dictamina la política que tienen que hacer. Los mercados imponen la orientación económica y la vida política está cada vez más supeditada a sus indicaciones. Es cada vez más dictatorial y está alejada de cualquier objetivo relacionado con el bien común. Debemos cambiar esto y exigir un referéndum ya.

* Concejala de IU en San Andrés.