UNA de las razones más poderosas que ha llevado en Francia a votar no al Tratado constitucional ha sido la «Directiva Bolkestein», ejemplo claro de que se quiere convertir esta Europa en una Unión en clave de mercado, donde los capitales circulen libremente y se desmantelen los sistemas de protección social porque no suponen beneficios para las grandes multinacionales. Una Europa de los mercaderes.

Esto es lo que estamos viendo en León con el desmantelamiento de Antibióticos y de la mayoría de las empresas de nuestra región. Dado que sale más ventajoso para aumentar los beneficios de las grandes empresas buscar mano de obra aún más barata, semiesclava, una vez obtenidas las subvenciones de nuestros impuestos, «emigran» a otros países donde pueden encontrar condiciones económicas aún peores que lleven a sus trabajadores y trabajadoras a trabajar por sueldos de miseria o en condiciones de semiesclavitud medievales.

¿Por qué no se regulan unas condiciones internacionales donde se establezcan unas condiciones mínimas dignas de contratos laborales? ¿por qué se regula para privatizar y liberalizar todo en todo el mundo a favor de las grandes empresas y no a favor de unas condiciones justas para los pueblos y los trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué no se hace una «Directiva Bolkestein» al revés, donde se exijan condiciones mínimas a las empresas? Por ejemplo, que devuelvan el dinero de las subvenciones si «emigran» de las zonas donde se les concedieron, que tengan que atenerse a normativas mínimas de salarios, convenios, etc.

Esto parece que no está en la cabeza de nuestros legisladores y legisladoras que sólo se preocupan por los intereses de..., ¿quién? Francia parece que tiene claro que es de las grandes multinacionales y no del pueblo. Veamos qué es esto de la «directiva bolkestein» y entenderemos qué implica. La OCDE urge a España a una reforma laboral que disminuya la protección para los trabajadores y las trabajadoras con contrato indefinido (utilizando un circunloquio expresivo: «flexibilizar el despido»). Según el economista de este organismo, Miguel Jiménez, el coste del despido es uno de los más altos en la OCDE y esto tiene un gran impacto sobre la productividad española, que es de la más bajas. Pero no sólo hay que abaratar el despido. El informe sugiere cambios en la negociación de los salarios, en particular en las cláusulas de revisión automática. Hay que «reducir las rigideces de los salarios», descentralizar la negociación colectiva y establecer que la cláusula de adhesión a los convenios del sector sea optativa, dice (El País, viernes 18 de marzo de 2005, 59). Parece que se siguen las recetas neoliberales en estos organismos al pie de la letra: los beneficios para las multinacionales, las subvenciones a costa de los impuestos de la ciudadanía para los directivos y dueños de las mismas y la «competi tividad» a costa de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras.

Porque en caso contrario, las empresas amenazan con irse, con el despido de los trabajadores y trabajadoras una vez que se han embolsado las subvenciones multimillonarias. Se repite como una cantinela constante: «si los salarios de nuestros rivales son bajos, entonces habrá que insistir en la moderación salarial; si las cotizaciones sociales elevan los costes laborales totales, habrá que aliviar la carga imputable a las empresas; si en los países localizados en el centro y este de Europa se trabaja más horas, se impone revisar la duración de la jornada de trabajo; en fin, si las leyes que protegen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras dificultan el ajuste a la baja de las plantillas o lo encarece, no hay otra alternativa, aseguran, que diseñar un «entorno legal e institucional más flexible».

Y es en este sentido en el que se está legislando en el contexto del Tratado Constitucional. La Unión Europea ha aumentado el horario de trabajo semanal. El límite máximo establecido de 48 horas semanales ahora se convierte en la norma. De esta forma las empresas se ahorran el pago de las horas extraordinarias. Ya no se computa como jornada laboral las guardias de bomberos o médicos, etcétera., que conllevan estar localizables y disponibles, si durante ella no han tenido que hacer alguna intervención. La jornada de trabajo de 35 horas es actualmente un mito olvidado. La conciliación de la vida laboral y familiar ha quedado fuera del discurso de la competitividad. El tiempo de dedicación a los hijos e hijas y la prevención del fracaso escolar no son objetivos en una economía de mercado, al servicio de los beneficios de las grandes multinacionales. Derechos sociales conquistados históricamente se están perdiendo ante la amenaza de la deslocalización. Lo que lleva a la competencia a la baja, al «dumping» salarial y social. Siempre se encuentran trabajadores y trabajadoras que estén dispuestos a trabajar más horas por menos dinero y con menos derecho. Esta vía sólo beneficia a las grandes empresas y a sus beneficios económicos.

El 13 de enero de 2004, la Comisión Europea presentó un proyecto de directiva «relativa a los servicios dentro del mercado interno» cuyo objetivo declarado era el de «terminar con la cinta roja que reprime la competitividad de Europa». Esta directiva es la traducción pura y simple de los planes de liberalización que los EE.UU. tratan de forzar en la Organización Mundial del Comercio a través del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS). El texto, propuesto por el Comisario Frits Bolkenstein (y conocido como «directiva Bolkenstein») supone la plena liberalización de todos los servicios. El proyecto de directiva afecta a todos los servicios. Con la excepción de los transportes, las telecomunicaciones, los servicios bancarios y los servicios ofrecidos directamente por los gobiernos a coste cero. Pero hay que señalar que las telecomunicaciones, los transportes y los servicios financieros ya han sido liberalizados por directivas específicas. Con la excepción de los servicios policiales, judiciales (excluyendo abogados y abogadas) y las fuerzas armadas, ningún servicio público sería gratuito. La directiva es, en consecuencia, aplicable a los servicios públicos. De este modo, la sanidad, educación, cultura, medios audiovisuales, los servicios prestados por las autoridades locales, serán considerados como una mercancía que depende completamente de las leyes del mercado.

Esta «Directiva Bolkestein» organiza claramente lo que podríamos llamar «dumping social» de acuerdo a su segundo principio: el del «país de origen». Este principio significa que los proveedores de servicios estarán sólo sujetos a las normas de su país de origen, y no a las leyes del país en que prestan sus servicios. Es más, a los otros estados miembros en los que actúan o suministran servicios no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo. La Comisión pretende eliminar incluso el registro obligatorio en caso de que una empresa abra su negocio en otro estado miembro.

A largo plazo, las consecuencias de la directiva amenazan con ser catastróficas para todos: Amenazan con animar las prácticas de dumping a nivel social, fiscal y medioambiental. Las conquistas sociales, estarán bajo presión: rebajas salariales, prolongación jornada laboral, más flexibilidad. La salud, la educación, la cultura y los servicios audiovisuales se convertirán en una pura mercancía. Los servicios del sector público corren el riesgo de verse automática e irrevocablemente privatizados y/o liberalizados.