IU presenta una moción para que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo apoye la petición de un referéndum democrático sobre el proyecto de reforma constitucional exprés propuesto por PSOE y PP en el Congreso

Eloina Terrón, portavoz de IU en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo presentará mañana, día 31 de agosto de 2011, una moción para que el pleno del ayuntamiento y los grupos municipales manifiesten su apoyo a la celebración de un referéndum vinculante, como forma de expresión democrática, para que sea la ciudadanía la que decida directamente con su voto sobre el proyecto de reforma constitucional exprés que el PSOE y el PP han registrado en el Congreso de los Diputados.

El proyecto de nuevo artículo 135 de la Constitución Española que tanto PSOE como PP han registrado en el día de hoy en el Congreso de los Diputados, no sólo habla “estabilidad presupuestaria” y de “limitar el déficit público” en el marco constitucional. Hay letra pequeña que es necesario conocer: El nuevo artículo 135 indica que “… los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones estarán incluidos en los presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Esta prioridad, ¿está por encima del pago de pensiones?, ¿del pago del desempleo?, ¿del pago de los salarios de los empleados públicos?, ¿del pago de bienes o servicios prestados por proveedores a las administraciones públicas?, ¿del pago se los servicios sociales, educativos y sanitarios…? Con esta nueva Constitución, si hay una crisis económica la prioridad será el ajuste presupuestario y la deuda, no el empleo ni la política social. Irán antes los mercados que la ciudadanía.

No se trata de que “no podamos gastar tanto” o que “no podemos gastarnos lo que no podemos pagar”. Hay que plantearse también cómo aumentar la recaudación de quienes no pagan, no pagan de acuerdo a sus ingresos o de quienes evaden impuestos. Hay que preguntarse por qué mantenemos una guerra que nos cuesta 1.000.000 de euros diarios y por qué no se vuelve a establecer el impuesto de patrimonio. ¿Alguien nos pidió opinión para gastar millones de euros en cheques-bebé, independientemente de las necesidades y la renta de quién lo recibía? ¿Nos preguntaron si era mejor dedicar ese dinero a la construcción de escuelas infantiles de 0 a 3 años? ¿Nos piden opinión, quizá, cuando aún destinan millones de euros a mantener operaciones militares en Afganistán o Libia? ¿Nos preguntaron cuando anularon el impuesto de patrimonio o rebajaron el de sociedades?

Durante estos años el déficit público ha ido en aumento debido a las concesiones que tanto PSOE como PP han hecho a la Banca y a las grandes empresas, y a una política fiscal, abanderada por ambos partidos, sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en el 2010 las rentas del trabajo pagamos cuatro veces más impuestos que los beneficios del capital).

IU considera que esta reforma constitucional no sólo tiene repercusión en las cuentas del Estado, sino también en las de las comunidades autónomas y especialmente en las de los Ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que prestan los servicios más cercanos a la ciudadanía, los que van a percibir las necesidades de sus vecinos y vecinas ¿Quién hará frente a los servicios que hoy prestan a la ciudadanía los ayuntamientos ante la falta de agilidad o compromiso de las Comunidades Autónomas? Es decir a políticas de dependencia, ayudas a domicilio, apoyo al empleo, al desarrollo local,… ¿Quién sostendrá el importante volumen de empleo que suponen estas políticas?

De forma periódica vemos cómo los Ayuntamientos deben proceder a operaciones especiales de crédito por poder hacer frente a sus obligaciones, ya que continúan sin contar con una Ley de financiación que pueda garantizar su autonomía. Si ahora se aprueba esta reforma no se podrá proceder a establecer mecanismos que mejoran la liquidez de los consistorios y quedará totalmente aparcada la más que necesaria Ley de Financiación local. Son muchas las competencias que el Ayuntamiento de San Andrés tiene, más las que a veces ofrece complementando o sustituyendo a otras administraciones, y la gran mayoría de ellas se encuentran relacionadas con cuestiones que afectan al bienestar del ciudadanos y ciudadanas, si ahora se establece un techo de gasto, cuando las necesidades aumentan, cuando es necesario crear empleo, cuando son más necesarias que nunca los equipamientos públicos y las inversiones públicas, la actuación de los ayuntamientos quedara muy comprometida.

Estas medidas, elevadas a rango constitucional, van a afectar al Estado del Bienestar que ahora a duras penas mantenemos. De esta forma, este proyecto prioriza el ajuste a través de la Constitución frente a las políticas sociales, lo cual afectara profundamente a los Ayuntamientos y su responsabilidad y compromiso con la ciudadanía.

Por eso Izquierda Unida presenta esta moción para pedir que el Pleno Municipal y los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de San Andrés acuerden solicitar un referéndum vinculante sobre esta reforma constitucional, porque atenta contra la soberanía nacional al aceptar la imposición de los intereses especulativos de los mercados y no a las necesidades de la ciudadanía. Porque es un ‘golpe de mercado’ contra la autonomía de la política y contra el Estado de bienestar, dado que la consolidación del déficit cero en la Constitución supondrá consolidar políticas de ajustes y recorte de derechos sociales ante cualquier crisis. Porque es necesario un referéndum puesto que esta reforma afecta al Título Preliminar, que define a España como Estado social. Y porque la aprobación de esta modificación de la constitución supondría ahogar la política municipal de nuestro ayuntamiento y el compromiso político que adquirieron tanto PSOE como PP con la ciudadanía de este municipio. Y pedimos a todos los grupos municipales que manifiesten su posición ante esta reforma, porque va a hipotecar el desarrollo de la política municipal futura y a los vecinos y vecinas del municipio.