IZQUIERDA UNIDA DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN)

PRIMERO LAS PERSONAS. ANTE LA CRISIS ECONÓMICA MAYOR Y MÁS RÁPIDA PROTECCIÓN SOCIAL

Eloina Terrón Bañuelos. Secretaria Política Social IU León

Recientemente un informe de la Comisión Europea ponía de manifiesto que, desde septiembre de 2008, los gobiernos de Europa han dedicado  más 300.000 millones de euros de los impuestos públicos para salvar a la banca.

En la última reunión del Consejo Europeo presidido por España, en marzo de 2010, con motivo de la definición de la estrategia económica para “Europa 2020”, se ha decidido que no se van a tomar medidas concretas respecto a aquellos objetivos que hagan referencia a mejorar la educación o la lucha contra la pobreza. Por ello no se ha recogido ningún objetivo cuantificado a conseguir en estos dos ámbitos.

En la propuesta inicial de debate, que planteaba la Comisión Europea para esta reunión "Europa 2020", se incluía la reducción de la población en riesgo de pobreza en 20 millones de personas, de los 80 millones de europeos que actualmente están en esa situación. De esos 80 millones, casi 9 millones de personas pobres en nuestro país.

Pero los resultados concretos de la política europea, presidida por nuestro país, ha dejado a un lado estos objetivos, educación y reducción de la pobreza, para “otro momento”. Incluso, se explicó que “el compromiso no fue posible porque varios países pusieron en duda que la UE tuviera competencias para ello”, tal como manifestó el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. La ciudadanía nos tenemos que preguntar: si la UE no tiene competencias en la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas y sólo las tiene para dedicar el dinero de nuestros impuestos a salvar a los bancos privados y sus entidades financieras, algo no va bien para nosotros y nosotras en la organización y funcionamiento de esta Unión Europea.

De las nueve millones de personas pobres en España, casi dos millones son niños y niñas. ¿No tenemos competencias la ciudadanía europea para decidir que nuestros impuestos deben ir destinados a rescatar a estos niños y niñas y a las personas en situación de pobreza, antes que a los bancos que han sido los causantes de la crisis?

Por supuesto que es necesario crear empleo y riqueza, pero es tan necesario establecer mecanismos de redistribución de la misma. El problema es que buena parte de la economía financiera que mueve el mundo no crea puestos de trabajo ni genera producción real. Los datos son concluyentes a este respecto. La prensa lo refleja diariamente: “Los gestores de fondos de inversión 'hegde funds' logran beneficios récord, ganan 18.800 millones de euros con inversiones especulativas en un año de recesión”. Esta riqueza creada especulativamente no va a incidir ni la creación de empleo, ni en la creación de empresas productivas, ni en mejorar la educación, ni la sanidad, sólo en el enriquecimiento ilimitado de unos pocos especuladores.

Mientras en Europa se toman estas decisiones, salvar bancos con millones de euros, se decide simultánea y conscientemente no hacer nada ante la pobreza y la mejora de la educación, siendo esta uno de los pilares básicos para salir de la pobreza.

No hablo de caridad. Hablo de derechos humanos y derechos constitucionales. Hablo de derechos sociales y responsabilidades públicas recogidas en la Constitución Europea y española, en las leyes y tratados internacionales y en todos los estatutos de todas las comunidades autónomas.

Últimamente se habla mucho de países que no cumplen con los derechos humanos. Parece que se hace desde la autoridad moral que da el que en el propio contexto social, esos derechos humanos están firmemente avalados y cumplidos. Pero, como vemos, esto no parece que sea así. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niño y la Niña, refleja que el interés superior del menor debiera ser el motor de las sociedades, obligadas a proteger la supervivencia y desarrollo de la infancia frente a los errores, abusos y dificultades del mundo adulto. Su derecho a crecer con un nivel de recursos materiales suficiente, para proteger su desarrollo físico y mental, y permitir su participación en las sociedades donde nacieron, es un derecho que debe ser protegido, tanto en los buenos como en los malos tiempos.

En nuestra Comunidad de Castilla y León y según el informe de la Inclusión Social en España, un 25,3% de los niños y niñas de menores de 15 años son pobres. Este informe concluye, que nuestra Comunidad de Castilla y León, es la que tiene unos mayores niveles de pobreza alta y severa. (La pobreza alta se corresponde con unos ingresos menores de 4.231€ anuales, la pobreza severa corresponde a unos ingresos menores de 3.037€).

Garantizar este derecho no debería depender de si las economías están creciendo o sufren recesiones, o si los tipos de interés suben o bajan. Este es el significado del “interés superior” de la infancia. Y reducir las tasas de pobreza infantil es quizás la prueba más significativa y medible del éxito de los gobiernos del mundo desarrollado. Una persona perteneciente a una sociedad se considera pobre si los ingresos de que dispone son menos de la mitad de los ingresos medios de que disponen las personas de esa sociedad. Y no se puede reducir las tasas de pobreza infantil si no se reducen las tasas de pobreza adulta.

Es por ello que desde IU  consideramos que debe hacerse un esfuerzo mucho mayor y más urgente para poner en marcha ya la renta de ciudadanía en nuestra comunidad. Esperar es dejar que muchas más personas entren en el círculo de la pobreza. Es necesario abrir las convocatorias para que las personas puedan solicitar ayudas sociales para atender las necesidades básicas. Es necesario aumentar los presupuestos de ayudas sociales de las administraciones públicas  y dar respuestas rápidas a las necesidades de las personas.

Invertir en mejorar la calidad de vida de la infancia es, una estrategia social de prevención, de la que todos y todas salimos beneficiados: los niños y niñas y sus familias, al poder disfrutar de mejores oportunidades para construir su futuro, y la sociedad en su conjunto, al poder aprovechar al máximo los talentos y capacidades individuales de todos sus ciudadanos/as, y ayudar así a prevenir a la vez los riesgos de fractura social.
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