IU de San Andrés del Rabanedo quiere denunciar el malgasto de fondos públicos de la Mancomunidad de Saleal, donde participa el Ayuntamiento de San Andrés, en un momento de grave crisis económica y con las arcas municipales ya suficientemente maltrechas. Se han malgastado los casi 17.000 euros que ha supuesto contratar dos informes externos para valorar la reciente concesión del servicio de depuración de aguas a Aguagest.

Lo indignante es que se tire el dinero público de esta forma, pero para más inri, es que estas actuaciones sean decisiones “a dedo” de los políticos de turno.

IU denuncia la permanente y tenaz desconfianza de los políticos del partido popular hacia la labor de los funcionarios y funcionarias, profesionales y trabajadores cualificados de la Administración Pública, capacitados para desarrollar estas funciones y que como funcionarios no tienen ningún otro interés particular, más que el servicio público y a la ciudadanía. Esa es la independencia que les procura su situación laboral. Parece que todo lo que venga de estas empresas externas, que suponen un coste añadido al erario público de todos los ayuntamientos de la mancomunidad, es bienvenido para el partido popular. Lo que dicen los técnicos de la propia mancomunidad, trabajadores y trabajadoras altamente capacitados, parece no servirles a estos políticos.

IU quiere reiterar la reprobación ante esta forma de malgastar el dinero público, cuando luego están anunciando recortes y reducción de servicios públicos.

IU de San Andrés, además, considera indefendible la actuación del Sr. López de Benito que, sin estar nombrado como miembro de la mancomunidad de Saleal en ese momento, propuso pedir un informe privado a una empresa determinada. Así como la actuación del resto de los representantes de la mancomunidad, aceptando la intromisión de López Benito en las decisiones de un organismo del que no era parte en ese momento.

Desde IU consideramos que todos los informes técnicos que requieran los ayuntamientos y mancomunidades deben ser emitidos por los funcionarios y funcionarias de las instituciones, que han sido contratados por los ayuntamientos y mancomunidades para hacer esa labor, que han demostrado su capacitación para desarrollar estas funciones, superando un proceso de oposiciones muy riguroso y competitivo, y cuyo única finalidad es y debe ser el bien común. No sólo se ahorrará dinero público, pues no suponen ningún gasto añadido, sino se aumentará en fiabilidad e independencia.