• Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo exige la municipalización de los servicios funerarios prestados por SERFUNLE S.A. tras la sentencia que declara nulo de pleno derecho el contrato con la multinacional Mémora.
• Ya no se trata solo de la declaración de nulidad de este contrato por parte de informes técnicos municipales del Ayuntamiento de León, ni del informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, como hasta ahora. Sino que a esto se suma la reciente sentencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de León, que asume como nulo de pleno derecho el contrato que se hizo en el año 2003 para la privatización de los servicios funerarios de León, San Andres del Rabanedo y Villaquilambre.
• Esta sentencia pone de relieve que no ha lugar a considerar el recurso presentado por la multinacional contra la declaración de nulidad, dando por bueno lo que es ilegal e injusto de raíz.

En el análisis de esta sentencia y con la información de que  disponemos queda  claro que se cambiaron con intencionalidad las condiciones originales de los Pliegos de contratación, basándose en informes técnicos que intentaban conferir apariencia de legalidad a “una oferta cuya ilegalidad era grosera”. Esto llevó a autorizar lo que “sin exceso, puede calificarse como un contrato diferente del publicado en la convocatoria”. Añadiendo que “la proposición debió rechazarse declarando desierto el concurso”.

Para Laura Fernández, portavoz de IU de San Andrés del Rabanedo, «es el momento, por lo tanto, para que la Asamblea de Concejales de SERFUNLE tome el acuerdo de la municipalización de este servicio de forma inmediata, para salir de este pozo de continuos problemas, recursos, denuncias y sangría que ha supuesto esta privatización de los servicios funerarios en León y el Alfoz que nunca debió producirse».

El canon de gestión, introducido a propuesta de la multinacional (actualmente Mémora), y que ha supuesto 8.419.530 euros a mayores, “carece de sentido” según la sentencia, puesto que con él se le retribuían servicios a Mémora que ya estaban incluidos en el objeto propio del contrato original y por los que ya se le pagaba en dicho contrato.

Según Laura Fernández, «con estos ocho millones y medio de euros no solo se podría haber hecho un nuevo cementerio en San Andrés del Rabanedo hace ya años, como fue el compromiso inicial, sino que el precio de los servicios funerarios se podría haber reducido considerablemente en beneficio de la ciudadanía, en vez de acumular esa astronómica cantidad sólo para el reparto de beneficios entre los accionistas de la multinacional».

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo, por lo tanto, exige municipalizar el servicio y, simultáneamente, exigir responsabilidades a las personas que han permitido que se produjera esta situación y, posteriormente, que han posibilitado que se mantenga esta a lo largo del tiempo.