• Para Izquierda Unida lo grave es que nuestro ayuntamiento se encuentre entre los 13 ayuntamientos del país con mayor riesgo de insolvencia.

• El plan de ajuste y los planes de estabilidad presupuestaria no vienen a resolver esta situación sino que lo implican son medidas de mayor control del gasto.

En este sentido estos planes de ajuste y de estabilidad presupuestaria derivan de la «ley Montoro» y de la modificación de la constitución (en el artículo 135).

Para Izquierda Unida resulta mas importante «rescatar» los ayuntamientos que prestan servicios a la ciudadanía, servicios básicos y esenciales y que dan empleo que al as autopistas, con las pérdidas millonarias que hemos tenido, a los bancos con los rescates o la amnistía fiscal que han impedido que haya una tributación justa en función del patrimonio e igualitaria para toda la ciudadanía.

El criterio político seguido por el PP y el PSOE es de doble rasero, por una parte se apoya y rescata a la banca, a las autovías, y se da una amnistía fiscal y por otra no se ayuda a los municipios que por mala gestión de sus cargos públicos están en una situación de riesgo de insolvencia.

Con las ayudas dadas a la banca la deuda de estos ayuntamientos es ridícula. Por ello, IU presentara en septiembre una moción para que nos unamos los 32 ayuntamientos con riesgo de insolvencia y planteemos al ministerio una solución para salir de esta situación.

Porque las medidas que se están tomando y se quieren tomar por parte del equipo de gobierno de San Andrés del Rabanedo son soluciones a corto plazo pero no solucionan el problema, además de que su implementación conllevan reducción de servicios, de personal o de salarios, y subidas de tasas e impuestos para la ciudadanía, que es el plan de ajuste.

En este pleno también se aprobó la moción de IU para instar a la Diputación a que se involucre y preste apoyo a los municipios y pedanías de la zona ante el grave problema medioambiental creado con las obras de la variante de Pajares. Obras iniciadas en el 2003 con un presupuesto de 1085 millones de € y 14 años después nos encontramos con un coste de 3200 millones de €, el triple de lo previsto, los túneles sin abrir y con una pérdida del agua de los acuíferos de la zona que va hacia la vertiente asturiana.

Por ello se insta a la Diputación de León para que a través de sus técnicos se preste apoyo y asesoramiento a los municipios para elaborar un estudio de las deficiencias y los impactos que esta obra les ha causado y se exija a Adif la presentación de un proyecto integral de restauración de las zonas afectadas así mismo que se estudie, si hay ilegalidades que aconsejen la posibilidad de presentar una denuncia ante el ministerio de medio ambiente si no se cumplió la legislación que requiere esta obra en materia de evaluación medioambiental.