Izquierda Unida denuncia que la normativa de ayudas de emergencia aprobadas por el Ayuntamiento de San Andrés dejarán a mucha gente excluida

 

  • Izquierda Unida pidió que se aprobaran mejoras en esta normativa para las ayudas de emergencia para que fuera menos restrictiva y sancionadora, pues las que se han impuesto en San Andrés son más restrictivas incluso que las del Ayuntamiento de León o las de la Diputación de León.
  • El equipo de gobierno ha impedido que se tengan en cuenta estas mejoras presentadas por Izquierda Unida que mejorarían mucho la prestación económica municipal destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

 

En el último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Izquierda Unida ha visto como ninguna de sus alegaciones, todas con base y consistencia legal, han sido aprobadas para mejorar el acceso de nuestros vecinos y vecinas más necesitados a las prestaciones económicas para atender las necesidades básicas de subsistencia para las familias con graves dificultades económicas para llegar a fin de mes.

Desde Izquierda Unida habíamos propuesto eliminar varios puntos, como el Art. 4, punto G, que dice que «en caso de solicitar prestación ordinaria para el pago de alquiler o amortización de la vivienda, es necesario garantizar la existencia futura de ingresos económicos suficientes para el pago el mismo …» Entendemos que las personas que solicitan estas ayudas, posiblemente a corto y medio plazo no conseguirán tener ingresos. Por lo que no tiene ningún sentido exigir que aseguren conseguir tener ingresos futuros para tramitar estas prestaciones.

Para Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo es inadmisible este artículo, que establece la obligación de garantizar “la existencia futura de ingresos económicos suficientes” para recibir la ayuda para la vivienda. Si esto se mantuviera así, la Administración y la coordinación entre administraciones deben garantizar una solución habitacional para estas familias.

A esto añadir que en el Art. 13, sobre el régimen sancionador, es totalmente excesivo sancionar con inhabilitación de 4 años para poder realizar nuevas solicitudes en caso de incumplimiento. Desde IU entendemos que hay que ser cuidadoso con el dinero público, pero no establecer unas sanciones tan graves cuando se comete una infracción: no se puede sancionar por 4 años para poder solicitar de nuevo una ayuda. Esto hará que muchas familias con hijos menores o dependientes no puedan acogerse y terminen en una situación todavía de mayor exclusión social.

Quizás hay que recordarle al PSOE y al PAL-UL la Constitución y los derechos que en ella vienen recogidos para las personas que por situación económica y laboral se encuentran en situación más vulnerable. Es difícil salir de la pobreza si no es atajando situaciones estructurales: empleo, educación, vivienda, etc. Algo que ahora mismo las políticas públicas no están haciendo.

Hay que luchar contra las políticas que crean pobreza y apoyar a las personas que la sufren. Sabemos que el municipio no tiene competencias para resolver muchas situaciones sociales. Y ya se ha encargado el PP nacional de ir reduciendo competencias a los municipios. Pero el municipio es la administración más cercana a la ciudadanía. Y tenemos que servir de altavoz para que su voz se oiga en aquellas administraciones que al estar más lejanas son más ciegas de las necesidades de la población

Debemos recordar que con el dinero público se ha rescatado a la banca en sus desmadres económicos y ahora somos cicateros con las ayudas que permiten vivir o sobrevivir a familias que, como todos, han contribuido con sus impuestos a que nuestros gobiernos los destinen a rescatar a los bancos. Izquierda Unida exige que el dinero público no se destine a rescatar bancos, sino a garantizar empleo y garantizar las condiciones de una vida digna cuando no se tiene empleo.

También exigimos al ayuntamiento que no mienta a la ciudadanía y no alegue que mejorar la normativa sería un problema, ya que el 65% del presupuesto de ayudas de emergencia es entregado por la Junta de Castilla y León y no repercute negativamente en las arcas del ayuntamiento.