El Partido Popular ha hecho de la promesa de creación de empleo el banderín para ganar las elecciones en una situación dramática, por los datos de desempleo. Pero su objetivo real es destruir el empleo público porque todas las decisiones que toma están dirigidas a recortar empleo público que es el que atiende los servicios a la ciudadanía.
El Alcalde de San Andrés, en una entrevista a un medio de comunicación pública, afirmaba textualmente el 29 de abril, en plena campaña electoral, “nosotros no propondremos ni habrá soluciones traumáticas con los trabajadores del Ayuntamiento, dejándolos en la calle; que estén tranquilos”. En septiembre, en otro medio de comunicación, reiteraba “no voy a tomar ninguna decisión que sea traumática y por eso les he dicho que estén tranquilos”.
Sin embargo, parece que ha cambiado de rumbo, alegando que es la forma de recibir la “ayuda” envenenada que ofrece la Junta de Castilla y León: despedir trabajadores del Ayuntamiento si quiere ayuda para refinanciar la deuda. Es inconcebible que la Junta de Castilla y León chantajee a nuestro municipio, exigiendo que si queremos tener ayuda financiera para hacer frente a la deuda municipal, parte de ella derivada de la prestación de servicios y competencias que no son solamente responsabilidad municipal, pero que son fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas de san Andrés, se tiene que despedir a personal del ayuntamiento.
IU denuncia que esta estrategia no es sólo circunstancial, sino que ésta es la filosofía básica que comparten el Partido Popular que gobierna la Junta, el presidente de la patronal española y el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento: considerar que hay que desmontar lo público, los servicios públicos, para que sea la competencia individual la que predomine. Utilizan para ello el constante discurso de que el sector público está sobredimensionado, que la Administración Pública es demasiado grande y que hay que despedir empleados públicos.
Lo sorprendente es que en España el porcentaje de personas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%). En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia. Por lo tanto no nos sobran sino que faltan empleados públicos, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
No se puede, por tanto, engañar a la ciudadanía y manipular la información para inflar los datos del empleo público en nuestro ayuntamiento, creando una alarma social injustificada al afirmar la propia Junta de Castilla y León, y posteriormente el Alcalde, que es «inviable» que un municipio de 32.000 habitantes tenga 408 trabajadores en nómina, cuando realmente la plantilla municipal de San Andrés está integrada por 260 trabajadores y trabajadoras, sin contar aquellos asociados a subvenciones de otras instituciones, con un porcentaje tan bajo como el resto de España.
IU recuerda que los ayuntamientos son quienes reciben las solicitudes de atención a las necesidades más inmediatas, sentidas y sufridas por parte de los vecinos y vecinas del municipio, y los que muchas veces tienen que dar respuesta a esas necesidades que le demanda de forma cotidiana e inmediata la población, algunas de su competencia y otras que no son de su competencia, pero de las que se hace cargo o de las que participa en la gestión, pero donde hay una escasísima financiación por parte de quien tiene la mayor responsabilidad, la Junta de Castilla y Leon. La Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León, establece que la transferencia de competencias contemplará el traspaso de los medios personales, financieros y materiales que resulten precisos para garantizar la suficiencia en la prestación de los servicios públicos descentralizados.
Chamorro debe exigir que las competencias transferidas al Ayuntamiento tengan una mayor dotación económica para garantizar la suficiencia en la prestación del servicio, en vez de proponer reducir el personal y las prestaciones del Ayuntamiento. Debe exigir a la Junta y al Gobierno (ambos ahora del mimo partido) que se apruebe con carácter de urgencia una Ley de Financiación de los Ayuntamientos para salir de la grave situación de crisis municipal que vivimos, en vez de plegarse a los chantajes de la Junta admitiendo que seamos los ciudadanos los que paguemos las consecuencias de esta crisis con la reducción de las prestaciones y servicios que presta el ayuntamiento.
IU denuncia que todas las propuestas del PP van en un solo sentido: desmontar el Estado Social, desmontar la Administración Pública, desmontar los Servicios Públicos. Porque no se oye ni una sola propuesta dirigida a cambiar la fiscalidad para hacerla más progresiva, recuperando impuestos de quienes se han enriquecido con esta crisis o en vez de pagar impuestos los desvían a paraísos fiscales.
San Andrés no puede asumir más ciudadanas y ciudadanos en desempleo. El mes pasado, noviembre, en nuestro municipio el número de personas desempleadas llegó a 2.666. Aumentar el desempleo es aumentar el empobrecimiento del municipio en general y reducir su actividad económica.
Por eso IU ya ha acordado diversas reuniones con los sindicatos para conocer cuáles son sus criterios y posturas, pero de ninguna forma acepta este goteo permanente de desempleo que está propiciando el PP, sin ninguna política de reactivación de la economía.
IU se pregunta a favor de quién y para quién se están haciendo estas políticas de ajuste. ¡Está claro que a favor de los trabajadores y trabajadoras, de los vecinos y vecinas de nuestro ayuntamiento, no!