Viajar en transporte público se está convirtiendo cada vez más en una “aventura”. Ejemplo de ello es la eliminación de frecuencias y servicios de autobuses urbanos e interurbanos y, si hablamos del tren, la eliminación de los servicios regionales más asequibles económicamente a la ciudadanía.
Recorte a recorte se va eliminando frecuencias del transporte público que une y cohesiona la provincia y el territorio en su conjunto. Cada día la ciudadanía de nuestra provincia y de los diversos Ayuntamientos, como el de San Andrés del Rabanedo, percibe que es más difícil acudir a la universidad, a llegar al trabajo, al hospital, a hacer gestiones, etc., utilizando un transporte público fiable, constante y asequible económicamente.
Las políticas sobre transporte público son fundamentales, y las decisiones políticas ponen de relieve qué prioridades se establecen, se potencian, se promocionan y se mantienen o qué servicios se recortan. Y esto determina el modelo de sociedad que se quiere construir.
Se puede hacer un paralelismo con lo que se ha hecho en nuestro país con las políticas de vivienda. La legislación potenciaba la compra de la vivienda a través de bonificaciones y deducciones. No el alquiler. Ese modelo de compra de vivienda suponía el endeudamiento y crédito de la población y el pago de intereses a las entidades financieras. Lo cual ha significado convertirnos en ciudadanos hipotecados de por vida. Y el resultado de esas políticas del “boom inmobiliario” está a la vista.
La política de transporte sigue un modelo similar. Se recortan los servicios públicos y las frecuencias de transporte que unen la provincia, y que unen con otras provincias. Transporte público que es menos costoso para los usuarios, y supone menor consumo energético y menor contaminación. Mientras, se potencia el transporte privado, ofreciendo además ayudas públicas para la compra de nuevos coches. La adquisición del coche implica también, en muchos casos, créditos o financiación e intereses; es decir, hipotecarse. Además el coche privado implica una serie de gastos añadidos: seguro, mantenimiento, impuestos, gastos por aparcamiento. Cuantos más coches, más tráfico, más aglomeración, más contaminación, más necesidades de aparcamientos y, por tanto, más multas.
Y en torno a las multas, el nuevo contrato de la grúa en León trae aparejado un novedoso modelo de funcionamiento. Una fórmula por la cual los operarios de la empresa concesionaria podrán efectuar la retirada de los vehículos infractores sólo con informar a la central de la Policía Local por medio de una PDA, transmitir una fotografía, y recibir la confirmación, sin necesidad de que esté presente ningún agente para cursar la denuncia. Una operatividad que se traducirá en la factura que pasará al Ayuntamiento la adjudicataria, que cobrará en función de cuánto trabaje: 26,01 euros por coche retirado en horario ordinario y 51,43 euros si es festivo o nocturno. La filosofía parece clara: cuando el objetivo se convierte en recaudar y cuando se va a cobrar por coche retirado, esto va a desatar la caza del infractor o infractora. Esto no es nuevo, en otras ciudades ya se ha puesto en funcionamiento el “multa móvil”, para que sea más rápido.
Además, con el sistema de aparcamiento de la ORA han encontrado también un saco sin fondo. León en el 2013 recaudó 3,4 millones de euros de los parquímetros, más 30.000 € anuales de sanciones. En Ponferrada se prevé, para 2014, una subida en la recaudación de multas de un 18%. Como decía uno de los concejales: “van a freír a multas a los ciudadanos de Ponferrada”. De hecho, a nivel nacional, revistas especializadas informan que desde 2007 la recaudación por multas ha crecido un 35%.
Y no es menor también la privatización del espacio público para construir aparcamientos privados que ha crecido a un ritmo anual del 40,28% desde 2006.
Para aumentar este despropósito, desde hace unos meses, el organismo público la Dirección General de Tráfico, ha enviado 13 millones de cartas a los correspondientes propietarios y propietarias de coches que tienen una antigüedad de más de diez años, recordándoles que tienen un coche “viejo”, insistiéndoles en que ya es poco seguro. Con lo que ha costado esta campaña, el coste de franqueo, papel impreso en colores, nos hacemos una idea del coste de dinero público que ha tenido. 13 millones de cartas solo a 0,50€, da una importante suma de dinero público. Hay dinero según para qué y para promocionar qué fines.
Todo esto se entiende mejor si tenemos en cuenta que de las 10 multinacionales más poderosas a nivel mundial 4 son de automóviles y 4 de petróleo. Y son las que tienen más fuerza para presionar hacia determinadas políticas. Dado que las personas vamos a tener que seguir desplazándonos por motivos laborales, de estudios y sociales, sólo hay dos opciones, o transporte público o transporte privado.
Por eso los políticos que nos representan deben legislar en función de los intereses de la ciudadanía defendiendo el interés general, el bien público. Y el bien público está relacionado directamente con el transporte público, que es más sostenible, contamina menos, crean ambientes menos insalubres, es más económico y ahorra tiempo al usuario. Esta apuesta política por el transporte público debe concretarse en invertir y destinar presupuestos a mantener y mejorar nuestro transporte público, potenciando el transporte asequible económicamente para la ciudadanía, potenciar su utilización con horarios que cubran las necesidades del interés general y hacer campañas para fomentar su uso entre la ciudadanía. Y también, para trayectos cortos favorecer y fomentar medios de locomoción ecológicos y saludables, líneas de carril bici que permitan a las personas desplazarse con seguridad. Estas serían políticas pensando en la ciudadanía, en el ahorro económico, en el planeta y en futuro.
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