IU denunció hace meses que el Ayuntamiento no concediera ayudas de emergencia social a las familias que tenían una grave situación económica pero mantenían alguna deuda con el ayuntamiento. Mientras que esta misma situación de deudas no era tenida en cuenta en ayuntamientos limítrofes o en la Diputación para tramitar y conceder estas ayudas de emergencia, lo cual creaba una situación de indefensión y profunda desigualdad e injusticia hacia los vecinos y vecinas de nuestro municipio con más necesidades.

El 26 y 27 de mayo IU denunciaba en los medios de comunicación que el Ayuntamiento de San Andrés era el único Ayuntamiento que estaba denegando las ayudas de emergencia social a las familias que tienen una grave situación económica, pero tenían alguna deuda con el ayuntamiento. Por eso la concejala de IU, Eloina Terrón, exigió ya entonces al gobierno del PP de nuestro municipio que resolviera esta situación.

Hoy, casi dos meses después, el equipo de gobierno de San Andrés declara “haberse visto obligado a modificar las bases de las ayudas de emergencia social para poder conceder estas prestaciones” de las que están pendientes una decena de personas sin recursos.

Porque, como el equipo de gobierno ha reconocido, durante los últimos meses no se ha concedido ninguna ayuda de este tipo en San Andrés. Lo sorprendente es que, según la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento podía pagar estas cantidades aunque el demandante no estuviera al corriente del pago de los impuestos municipales, algo que no se contemplaba en la propia normativa de San Andrés, mientras que en otros Ayuntamientos sí.

Las ayudas de emergencia social son prestaciones económicas esporádicas, destinadas a aquellas familias cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos imprescindibles y necesarios para evitar o paliar situaciones de marginación social. Están destinadas a pagar el mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual, los gastos relativos a las necesidades primarias y básicas de la vida, tales como alimentación, vestido, higiene doméstica, suministro de energía y agua. Pero la interpretación restrictiva que se estaba haciendo por parte del Ayuntamiento de San Andrés impedía que las personas que tuvieran alguna deuda con alguna institución pública tuvieran acceso a estas prestaciones.

Por eso la Concejala de Izquierda Unida de San Andrés denunció que la forma de aplicación de la ley en nuestro Ayuntamiento era intolerable, puesto que era casi imposible que, en la actual situación de crisis y de paro que vivimos en nuestro municipio, una familia o persona que necesitara una ayuda de emergencia no tuviera deudas con el ayuntamiento o alguna administración, algún recibo de agua o basuras sin pagar, algún recibo de IBI pendiente, alguna multa de tráfico, etc.